Consideramos que la información a la población sobre le proyecto de depuradora promovido por la Mancomunidad y SOMACYL, que les afecta directamente desde diferentes puntos de vista, ha sido, cuando menos, deficiente.
A pesar del impacto que este proyecto puede tener sobre la población de los pueblos de las Cinco Villas, ni la Mancomunidad Barranco de las Cinco Villas, promotora del proyecto, ni tampoco ninguno de los ayuntamientos que la integran han organizado reunión informativa alguna sobre el proyecto y el acuerdo firmado entre la Mancomunidad y la empresa SOMACYL, que fue previamente aprobado en todos los ayuntamientos y tiene importantes implicaciones para estos.
El acuerdo firmado entre la Mancomunidad y SOMACYL supone importantes compromisos por parte de la primera, y en definitiva, de los ayuntamientos que la integran, y por ello tuvo que ser ratificado en sesión plenaria en cada uno de los ayuntamientos del Valle, hacia julio de 2018. Sólo los ayuntamientos de Mombeltrán y de San Esteban han dado publicidad a ese acuerdo aprobado en pleno, publicándolo en sus respectivas páginas web. Sin embargo, por sus implicaciones, parece razonable que se hubiera hecho un esfuerzo por informar a los vecinos sobre los alcances del acuerdo. El acuerdo final firmado no se ha publicado en ninguna página web de ningún ayuntamiento o de la Mancomunidad. Suponemos que habría de firmarse el mismo acuerdo tratado en los citados pueblos, y también que este sería el mismo acuerdo aprobado en el resto de pueblos, pero no podemos asegurarlo puesto que el acuerdo final firmado no se ha hecho público.
Una vez adoptado el acuerdo, nuestro grupo organizó reuniones informativas en Mombeltrán, en diciembre de 2018 y enero de 2019, para presentar opciones alternativas para la depuración de aguas. Hay que decir que ambas reuniones se llevaron a cabo en locales del Ayuntamiento de Mombeltrán, cuyo alcalde siempre ha tenido a bien ceder espacios públicos para este tipo de actos, cuando se han solicitado, lo que no ha sido siempre la norma en el resto de pueblos. Sin embargo, no hubo iniciativa de parte de los ayuntamientos de convocar reuniones informativas equivalentes para explicar su solución.
En octubre de 2018 se publicó la lista de bienes afectados por expropiaciones abriéndose un plazo de alegaciones. Muchos fueron los vecinos afectados que presentaron alegaciones. También se presentaron más de mil firmas de vecinos que se oponían a este proyecto. Tanto las alegaciones individuales como las colectivas, de diferentes tipos, fueron desestimadas en su gran mayoría, lo que da idea del espíritu colaborador de los promotores.
En diciembre de 2018 se aprobó “definitivamente” el proyecto por la Mancomunidad, así como acuerdos de utilidad pública y necesidad de ocupación de parcelas afectadas por expropiaciones, acuerdos que no fueron publicados, y cuya existencia no se conoció hasta la “segunda aprobación definitiva del proyecto”, en abril de 2019.
Los actos relacionados con el proyecto se publicaron siguiendo los cauces legalmente establecidos, publicando los acuerdos en el BOCYL o el Boletín de la provincia (con mucho retraso, generalmente), y consideramos que en algunas fases del proceso ni siquiera se han respetado los requisitos exigidos por la normativa europea. En particular, en el proceso de evaluación ambiental del proyecto, llevado a cabo entre febrero y marzo de 2019, se abrió un periodo de consulta a instituciones y personas interesadas, tal como establece el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, proceso en el cual se consultó a los ayuntamientos, a los servicios territoriales de medio ambiente, fomento y cultura de la Junta CyL, a la confederación hidrográfica del Tajo, y a Ecologistas en Acción, que se había presentado como asociación interesada en el caso, al presentar un recurso a la aprobación inicial del proyecto y alegaciones en la fase inicial. Sin embargo, la directiva europea 2014/52/UE establece que como norma general, para este tipo de procesos de evaluación ambiental, se ha de dar publicidad entre la población afectada, y los vecinos del Valle son afectados por el proyecto, y los propietarios de parcelas afectadas por las expropiaciones los son doblemente, por lo que consideramos deberían haber sido informados de este proceso y haberles dado la opción de opinar sobre el cuando todas las opciones estuvieran abiertas, tal como la citada directiva establece. Creemos que ese espíritu de máxima transparencia expresado en la citada directiva europea no ha sido seguido en este proceso, y por ello hemos presentado alegaciones y recursos en los que esta objeción se ha detallado con argumentos jurídicos.
En todo este proceso hemos organizado, dentro de nuestras limitadas posibilidades, varios actos informativos para informar sobre el proyecto, las deficiencias y consecuencias negativas que en el encontramos y para proponer alternativas. En muchos casos los ayuntamientos han cedido locales públicos para estos actos, pero no podemos decir que la transparencia haya sido siempre la tónica general. En mayo de 2019 se organizaron una presentación en Mombeltrán, y otra en Cuevas del Valle, a la que, ante la proximidad de las elecciones, se invitó a los candidatos a ediles para contarles nuestra visión del problema, con la esperanza de que reconsideraran el proyecto en marcha. Como era de esperar, dada la situación política, se mostraron receptivos y, como reconocían recientemente, adquirieron el compromiso de estudiar el asunto y considerar las posibles soluciones. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha hecho pública ninguna conclusión de esas reflexiones y/o estudios. También en Santa Cruz se organizó una reunión informativa en el mes de julio, a la que asistieron ediles del ayuntamiento, y en particular el alcalde, y en la que se les explicó nuestra visión y se les instó a buscar una mejor solución que la propuesta por SOMACYL. Ningún cambio se ha producido en el proyecto, que ya ha sido licitado, adjudicado y contratado, y ninguna información se ha transmitido a la población a este respecto de parte del Ayuntamiento.
Ya en diciembre de 2019, se han organizado reuniones informativas en los cinco pueblos, solicitando locales municipales para los actos, empezando en Cuevas del Valle, donde se solicitó un local municipal para el acto del día 16 de diciembre. Para nuestra sorpresa, el local fue denegado, alegando, entre otras cosas, que los concejales ya habían sido informados sobre el asunto en mayo, que la población está ya suficientemente informada, o que debía solicitarse el local al Ayuntamiento de San Esteban. Ante tan desconcertante respuesta, que parecía fruto de algún malentendido, se decidió pedir de nuevo el local, intentando aclarar el malentendido en la solicitud, pero en esta ocasión, ni siquiera se obtuvo respuesta. Ante la negativa del local, el acto tuvo que ser organizado, como alternativa, en el local de la Cooperativa el Castañar, y asistió bastante público interesado (soportando el frío) y muchos de ellos se mostraban ignorantes de gran parte del proceso, y preocupados por las posibles consecuencias del proyecto SOMACYL. Esta se puede decir que es la tónica general en las reuniones organizadas: muchos vecinos declaran no tener información sobre el asunto, a pesar de que en el Ayuntamiento consideran que la población está suficientemente informada.
En Villarejo, el Ayuntamiento tuvo a bien ceder un local municipal para el acto del 27 de diciembre, lo que es de agradecer. Sin embargo, a última hora, se negó a difundir la convocatoria del acto por un bando municipal, que ya se había acordado y pagado previamente. Esto da idea de la desigual voluntad de transparencia en los ayuntamientos, deficiente en este caso.
También se organizaron reuniones informativas en Mombeltrán, San Esteban y Santa Cruz, en los que los respectivos ayuntamientos cedieron locales municipales para el acto.